En primer lugar, quiero agradecer la acogida que ha tenido mi primer artículo sobre la vuelta al Proyecto Rhodas y en vista de ello, he decidido intentar avanzar un poco más en ese sentido y aclarar algunas dudas que me han trasmitido algunos lectores en los foros de Internet.

Como se ha podido comprobar, toda esta información es algo antigua, parte del año 2002 y se trabajó mucho para desarrollarla entre los años 2004 y 2006. Desgraciadamente, mucha de esta documentación está perdida en el ciberespacio y es necesario hacer algo de arqueología informática, pero me ha sido posible recuperarla casi sin problemas, gracias a mi buen amigo Roberto Santos que la tenía localizada en su totalidad...

Ayer ya apuntaba en uno de los comentarios a mi artículo anterior, que tras el demoledor informe del Tribunal de Cuentas, muy orientado al impacto económico del Software Libre, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, elaboró una interesante resolución en base al contenido de dicho informe.

Hay que decir, que las recomendaciones que aparecen en dicha resolución son claras e interesante, sin embargo, poco caso hicieron las distintas administraciones públicas españolas, salvo honrosas excepciones, para llevar a cabo lo que en ella se decía. Desde el año 2002 se sabía perfectamente que se podía ahorrar mucho dinero público mediante el uso del Software Libre en la Administración y dicha idea quedó bien clara a finales del año 2006, pero había poderosas reticencias y presiones para que nada cambiase en la Administración.

Curiosamente, a pesar del abandono del Proyecto Rhodas por el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), en junio de 2005, es decir, poco antes de la Resolución de la Comisión Mixta, el mismo Ministerio elaboró un jugoso e interesante informe con una propuesta de recomendaciones sobre el uso del software libre y de fuentes abiertas en la Administración:

Desgraciadamente, salvo honrosas excepciones, dicho documento se quedó en eso, en unas simples recomendaciones, aunque dice cosas tan interesantes como las que aparecen en la página 29 del mismo:

- Es un hecho habitual y periódico que las Administraciones Públicas, sus Departamentos u Organismos aborden, en sus ámbitos de actuación y en el marco de sus estrategias tecnológicas, implantaciones masivas que afecten a servidores, puestos de trabajo y elementos de comunicaciones, en relación con elementos genéricos como software base, herramientas básicas y aplicaciones para sus funciones. En este escenario se encuentran regularmente con que el coste de las alternativas tecnológicas que van a ser utilizadas de forma masiva basadas en licencias de software propietario tiene unas dimensiones o proporciones en relación con el conjunto difícilmente asumibles o incluso justificables. El ahorro de estos costes o la canalización de parte de los mismos hacia más y mejores servicios es un factor crítico que inclina ya la balanza habitualmente en favor de la utilización del software libre y de fuentes abiertas. Así ha ocurrido, por ejemplo, en los Ministerios de Administraciones Públicas y de Justicia en sus despliegues de sus infraestructuras de servidores y aplicaciones a lo largo del territorio nacional, así como en la Junta de Extremadura en relación con el despliegue de la Red Tecnológica Educativa, como se explica más adelante.

Sí, hemos leído bien, el MAP decía en el año 2005, con un país en mejor situación económica que la actual y a pesar de una posible escasez de soluciones específicas para la Administración, que esos costes de las licencias, que recordemos son un derecho de uso de los programas y no una propiedad, era difícilmente asumibles o incluso, que eran difícilmente justificables.

Pues bien ¿qué podemos decir ahora en plena crisis y cuando hay soluciones para la Administración en repositorios libres, como el de la Junta de Andalucía? lamentable)?.

Si esto ya se sabía en el año 2002 y se remarcó claramente durante los años 2005 y 2006 ¿Qué deberíamos hacer en este momento que hay que ahorrar y optimizar hasta el último céntimo de euro de la Administración? ¿Es mejor pagar licencias de software y congelar los sueldos o bajarlos, recortar en sanidad y educación, o intentar ahorrar todo lo que se pueda?. Creo que las respuestas estarán claras para la mayoría de los lectores.

Creo que desde la función pública se debería comenzar a trabajar para que esto sea una realidad lo antes posible, divulgando y aportando ideas y soluciones concretas que permitan ahorrar dinero público, puesto que como hemos visto durante estos últimos días, lo que está en juego también es su sueldo y las prestaciones sociales que les asisten.

Sigamos un poco más y veamos lo que ocurrió en esa época que podemos llamar de "documentación" y de "divulgación" del software libre en España y en Europa. Entre los años 2004 y 2006 salieron a la luz una gran cantidad de documentos y estudios, la mayoría de ellos, tan interesantes como útiles para la toma de decisiones en las Administraciones Públicas, aunque también es cierto que salvo algunos casos, fueron ignorados o tuvieron poco impacto en las aplicaciones que se ejecutaban en los escritorios y servidores de muchas administraciones públicas.

La asociación Hispalinux tenía un buen repositorio de ellos, pero desgraciadamente, ya no está disponible en su Web, aunque que sí se puede acceder a ellos a través de WaybackMachine, por lo que me he apresurado a recopilarlos todos de nuevo.

En esa misma época y una vez que se tuvo conciencia de las ventajas del Software libre en la Administración, Europa también se puso a trabajar en ese sentido elaborando informes tan interesantes como este de la IDA (Intercambio de Datos entre Administraciones), al parecer, remábamos todos en el mismo sentido, pero incomprensiblemente no llegamos a ningún puerto. Todo el mundo hablaba bien del software libre, todo el mundo conocía sus ventajas, pero las cosas no cambiaban de forma significativa:

La IDA también quiso ser proactiva y ante los problemas que se planteaban para la migración efectiva por parte de algunas Administraciones Públicas, elaboró un magnífico y útil documento sobre la forma de migrar al software de fuentes abiertas en la Administración:

Documento que también fue publicado en la Web del también MAP sin demasiado éxito en la mayoría de las administraciones públicas, de hecho, el informe Reina, que englobaba las estadísticas TIC de la Administración General, Periférica y Autonómica, mostraba en 2009 muestra que en los ordenadores de sobremesa, que son miles, el 44% tiene Windows XP, el 35% Windows Vista, el 18% Windows 2000 y un modesto 3% otros sistemas operativos, que no necesariamente son libres, además de las aplicaciones privativas asociadas, que nos dan idea de la cantidad de dinero que se puede ahorrar si se toma la decisiones adecuadas.

Desde mi punto de vista, si leemos los documentos que he enlazado anteriormente, nos haremos una idea bastante precisa de lo que supondría para las arcas públicas el uso del Software Libre, además de otras ventajas igualmente interesantes para la Administración y para los administrados. Curiosamente, lejos de haber discordancia entre las conclusiones de los distintos estudios e informes de la época, todos los documentos apuntaban a las mismas ventajas, ventajas, que superaban con creces todos los posibles inconvenientes y que principalmente son estas:

  • Menor coste.
  • Independencia tecnológica.
  • Seguridad y privacidad.
  • Adaptabilidad.
  • Calidad del software.
  • Respeto a los estándares abiertos.
  • Redistribución del software.
  • Ausencia de restricciones legales para el uso.
  • Permanencia en el tiempo.
  • Libertad.
  • Facilidad para acometer nuevos desarrollos.

El 11 de septiembre de 2006, se aprobó en el Congreso de los Diputados, por amplia mayoría, la Proposición No de Ley relativa a la promoción del Software Libre. Resolución, que contó además, con una interesante argumentación durante su trámite parlamentario. En el texto de la Proposición No de Ley, a la que también hice referencia en mi artículo anterior, se reconoce sin fisuras lo siguiente:

  • Optimización del coste de acceso al software.
    Frente al software propietario, en el que gran parte de la inversión económica recae en el coste de la licencia, y que sólo beneficia a la empresa productora del programa; en el software libre, no hay coste de licencia, ya que ésta otorga el derecho de copiarlo, con lo cual se abarata el precio del programa.
  • Fomento de la innovación tecnológica.
    Al disponer del código fuente, cualquier técnico o empresa puede desarrollar mejoras. Así se contribuye a la formación de profesionales de nuevas tecnologías y al desarrollo local, en el caso de concurrir factores de creación de conocimiento y planes estratégicos.
  • Independencia del proveedor.
    Cualquier empresa o profesional con conocimientos adecuados puede continuar
    ofreciendo desarrollos o servicios para la aplicación concreta. El software libre puede ser utilizado después de haber desaparecido la empresa o grupo que lo elaboraron, ya que cualquier técnico informático puede continuar manteniéndolo, desarrollándolo, usándolo, mejorándolo y adaptándolo. Fomenta la independencia tecnológica, la competencia, la libertad de opción en el mantenimiento y una mayor oferta de formación competitiva.

En la parte dispositiva se dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a profundizar, incidir y poner en marcha las siguientes políticas:

  • 5. Promover la ejecución en toda la Administración General del Estado de lo previsto en los “criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades” y en la “propuesta de recomendaciones a la Administración General del Estado sobre software libre y de fuentes abiertas” de mayo de 2005.
  • 6. En concreto, promover el impulso de lo previsto en la mencionada propuesta, para mejorar la racionalidad técnica y económica en las compras públicas.

Pero aunque las cosas estaban claras como el agua en 2006, y se instaba al Gobierno a tener en en cuenta todo lo anterior, lo cierto es que dicha Proposición No de Ley solamente afectaba a la Administración General del Estado, quedando fuera la parte más importante del problema, la Administración Autonómica y la Local. Desgraciadamente, como se ha podido ver, son estas dos administraciones las que más deuda acumulan en este momento. Así y todo, también es cierto, que poco se hizo en la Administración General del Estado para tener en cuenta en toda su dimensión la propuesta de recomendaciones que hizo el Ministerio de Administraciones Públicas en el año 2006.

De todos modos, si queremos que esto tenga éxito y sea barato, como han hecho los rusos, este movimiento de ha de hacer de forma coordinada y sin demasiados matices regionales o locales, entre la Administración General del Estado, la Autonómica y la Local, evitando gastos innecesarios, duplicidades y desviaciones no deseadas al proyecto global. Para ello, hace falta cierta determinación política y una legislación que lo haga posible en las tres administraciones públicas al mismo tiempo.

Por todo lo anterior, creo que deberíamos replantearnos todo este asunto con seriedad y retomar lo que no se hizo en su momento, con la finalidad de ahorrar todo lo que se pueda en el gasto público y en la medida de lo posible, no tener que reducir o congelar sueldos, aumentar impuestos, o recortar en temas tan sensibles como la sanidad, educación o la innovación.

Es cierto que con esta medida no solucionamos todo el problema, pero hay que tener en cuenta, que este tema de las licencias de software es un gasto recurrente y como decía el Ministerio de Administraciones Públicas en 2005, es un gasto difícilmente asumible o justificable, o mejor dicho, en este momento, ese enorme gasto en licencias de software es tan inasumible como injustificable, para todas las Administraciones Públicas españolas.

Puede que también estemos reaccionando tarde ante el problema, la crisis lleva ya más de un año y sin embargo, poco se ha optimizado la administración en este sentido. Hemos perdido mucho tiempo y oportunidades desde 2006, año de bonanza económica y sobre todo, hemos perdido dinero, mucho dinero, que se podría haber usado para cosas mucho más necesarias que pagar vaporosas licencias de software.

Debemos pensar que existía y que existe, una alternativa viable y más económica al software privativo y con muchas ventajas adicionales, esto está en los principios de la buena administración; la economía, la eficiencia y la eficacia.

Puede que haya gente que no comparta esta idea, pero pensemos en lo que está pasando con los sueldos, trabajos, prestaciones, impuestos y lo que es peor, lo que dicen que está por llegar. No creo que valga la pena perder el tiempo en vanas discusiones para que estas ideas se volatilicen como ya ocurrió en el año 2006, creo que vale la pena intentarlo.

Es más. no creo que valga la pena entrar en discusión sin haberse leído y estudiado con detenimiento toda esta interesante documentación. Como se podrá ver tras su lectura, las cosas están más avanzadas de lo que parece. Si nos leemos y estudiamos esta documentación, estaremos en situación de defender y lograr que el paso de la Administración española al Software Libre sea una realidad en cierto tiempo. Pero la otra realidad, la económica de España y de otros países, es la que es y eso no lo podemos cambiar, pero podemos intentar paliar sus demoledores efectos sobre la sociedad española usando las herramientas que tenemos a nuestro alcance.

Debemos tener en cuenta que además de Rusia, países en mejor situación económica que el nuestro, ya han comenzado a hacer cosas similares y es que no hacerlo es el mayor error que se puede cometer cuando no se pueden pagar cosas más importantes y está claro que tampoco se puede prescindir del software en la Administración por falta de fondos, como puede estar ocurriendo en algunos casos y posiblemente, sin necesidad ya que hay alternativas libres y gratuitas a esas necesidades.

Por otra parte, la industria del software española está en muy buena posición y muy preparada para acometer este cambio en la Administración. Recordemos que en este momento existen más de 200 empresas proveedoras de soluciones de software libre, más de 100 comunidades de usuarios y más de 180 centros educativos, donde el software de código abierto es una realidad cotidiana para los alumnos. Por lo que solamente tenemos que aprovechar estas notables capacidades en nuestro provecho. España, si lo hace bien, también podría ser proveedora de soluciones de software libre para las Administraciones de otros países europeos, puesto que todos tienen problemas similares y con ello, en lugar de pagar por el software, obtener un interesante retorno por ello.

Hay que pensar, que es muy difícil mover cosas en la Administración, que hay grandes inercias y tiempos muertos, en ocasiones, para desgracia de los administrados, ni siquiera se cumplen las leyes en toda su dimensión. Por ejemplo, aunque hay tres Leyes que impiden que te puedan pedir una fotocopia del DNI en un trámite administrativo, la Ley 30/92, el Real Decreto 522/2006 y la Ley 11/2007, siguen siendo necesarias las fotocopias para muchos trámites sí o sí, lo mismo que los certificados de empadronamiento, regulados por el Real Decreto 523/200632. Pero aunque esto parezca una desviación de lo que estaba argumentando anteriormente, lo que quiero decir, es que hace falta mucho esfuerzo y apoyo por parte de los ciudadanos para que las cosas cambien en la Administración Española, pero no es algo imposible. Fue por ello, por falta de apoyo social, ya sea por el desinterés de unos o por el desconocimiento de otros, es por lo que creo que no prospero la migración al software libre en el año 2006. Tenemos todo, tenemos datos, argumentos, documentos y legislación, solo nos falta divulgación y determinación para hacerlo.

En este sentido creo que los ciudadanos tienen mucho que hacer y decir y que se debe exigir que se gaste el dinero público de la forma más eficiente posible. Para ello, las redes sociales, como ya ha ocurrido con otras iniciativas ciudadanas, también pueden ayudar y mucho a lanzar y apoyar esta idea para que sea una realidad lo antes posible. Por ello, propongo que se use siempre el hastag o la etiqueta #administracionlibre, para mover en las redes sociales las noticias y propuestas relacionadas con la migración de la Administración al software libre, esperemos que en breve sea trending topic y portada de todos los medios.

"Copyleft 2012 Fernando Acero Martí­n. Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved. Quotation is allowed."