TorrentFreak publica hoy una de las cartas que un despacho londinense de abogados está remitiendo a quienes presuntamente estarían compartiendo en las redes P2P copias del juego Dream Pinball 3D.

P2PEn realidad esta carta es la respuesta del bufete a gente a la que previamente se le había informado de que existían pruebas en su contra y han preguntado al bufete de qué pruebas se trata.

Lo mejor del documento es que proporciona bastante información sobre el sistema que las acusaciones utilizan para rastrear a sus objetivos.

En resumen, utilizan una versión modificada de una aplicación P2P configurada para que solicite los ficheros objeto de rastreo. Esta aplicación de monitorización se conecta una red de intercambio, descarga un fragmento de los ficheros objeto de rastreo y registra los datos (nombre y tamaño del fichero, dirección IP, aplicación P2P utilizada, hora y nombre de usuario) de las fuentes desde las que realiza la descarga. La propia aplicación monitorizadora realiza una búsqueda whois inversa a partir de la dirección IP y obtiene el proveedor de Internet del que depende, al que envía una carta informándole de la presunta infracción. Posteriormente los datos recopilados se remiten al juez para que éste ordene al proveedor la plena identificación del usuario...

No obstante el propio artículo de TorrentFreak alude a cómo la RIAA y la MPAA se han encontrado con casos en los que el juez no admite una simple dirección IP como prueba. Pero hay más, porque también cabe plantearse la validez de una prueba obtenida mediante el mismo método que se denuncia (el programa rastreador también comparte), por no hablar de lo que pueda representar el rastreo de direcciones IP (por no hablar quizás de las que se hacen públicas en la propia misiva) en un país como España, donde la AGPD las considera dato personal.

Aún más: incluso la carta del bufete considera la posibilidad de que la descarga no haya sido realizada por el titular de la dirección IP, admitiendo que quizás dispone de una red (wireless o no) donde no se ha implementado la protección adecuada. El bufete se erige aquí en juez y parte y decide que el usuario debería haber implementado esa protección o exponerse a las consecuencias legales de no haberlo hecho. Sin embargo, me consta que los operadores de telefonía de este país siguen a día de hoy instalando redes wireless abiertas por defecto.

¿Qué es una dirección IP? En mi opinión (y afortunadamente también en la de algunos jueces), es sólo la dirección de una máquina, no el nombre y apellidos de una persona.

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