Por Fernando Acero

Desde mi punto de vista, que es muy particular y discutible, considero lo siguiente en relación con la tramitación de la Ley de Economía Sostenible (LES) y en especial, sobre la Disposición Final Segunda (DF2) de la misma:

a) La reciente sentencia del canon, emitida por el Tribunal de Justicia Europeo, debería suponer la paralización inmediata de todas las acciones legistativas de asuntos relacionados con la Propiedad Intelectual y el inicio de una revisión consensuada, de lo que debería ser una Ley de Propiedad Intelectual moderna y que satisfaga a todos los sectores.

El foco de actuación debería ser una nueva Ley de Propiedad Intelectual adaptada a Internet, a los nuevos modelos de distribución, comercialización y de licenciamiento de las obras culturales, del mismo modo que ya se está haciendo en otros países de nuestro entorno. De hecho, la situación actual es insostenible, como bien señala la comisaria europea Kroes.

b) De no considerarse la retirada de la Disposición Final Segunda, se debería tener en cuenta también, que en la Constitución Española se dice claramente que es necesaria la "resolución judicial" cuando se afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, con todo lo que ello implica en garantías y procedimientos. No se debería estimar ninguna enmienda para la DF2 que no tenga la misma terminología que la Constitución Española, es decir, en las que se utilice el término "autorización judicial" en lugar del preceptivo "resolución judicial".

Si lo que se defiende por algunos sectores es que ambos términos son sinónimos, no veo el motivo por el que no se usa la misma terminología jurídica que aparece en la Carta Magna y así se evitan problemas y polémicas. Pero lo cierto es que no son lo mismo y de ahí el claro interés de los grupos de presión del sector audiovisual para no cambiarlo.

c) No todas las medidas que hay en la Ley de Economía Sostenible son meramente económicas, por ejemplo y como hemos dicho antes, la Disposición Final Segunda afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ello, no se debería votar, negociar y tratar, como una mera medida económica más en un extenso paquete. Lo que están en juego en este caso, son las libertades fundamentales de los españoles y por lo tanto, dicha decisión debería tener el más amplio consenso y merece ser tratada con mucha cautela por parte de los distintos grupos parlamentarios.

Por si alguien quiere hacer llegar sus opiniones a nuestros queridos Diputados y Diputadas en relación a este trámite parlamentario, aquí os dejo este formulario que me ha llegado por gentileza de Hacktivistas.

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