El caso de Sebastien Boucher continúa agitando el debate en Estados Unidos sobre el derecho del individuo a mantener sus datos cifrados, incluso cuando las fuerzas de seguridad requieren al sujeto la contraseña utilizada.

Como recordarán nuestros lectores, un juez federal dictaminó recientemente que Sebastien Boucher, sospechoso de transportar pornografía infantil en su ordenador portátil, no podía ser obligado a revelar la contraseña de cifrado que lo protegía, puesto que tal revelación podría llegar a representar su autoincriminación, lo que iría en contra de la Quinta Enmienda, que garantiza el derecho de los ciudadanos norteamericanos a no autoinculparse:

Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización.

Pero según informa hoy The Washington Post, el gobierno federal acaba de interponer un recurso de apelación contra la decisión judicial, lo que obligará a que el caso sea ahora revisado por un gran jurado...

El Caso Boucher comienza el 17 de diciembre de 2006, cuando Sebastien Boucher, ciudadano canadiense con permiso de residencia en Estados Unidos, conducía desde Canadá con destino a su casa en Vermont. Al cruzar la frontera un agente de Inmigración y Aduanas observó un portátil en el asiento trasero de su vehículo, que Boucher admitió era suyo. Cuando el agente lo inspeccionó observó nombres de fichero sospechosos, por lo que preguntó a Boucher si su portátil contenía porno infantil. Según parece, Boucher respondió que no lo sabía, porque no podía comprobar sus archivos temporales de Internet (Boucher ha admitido después ante la prensa que le gusta descargar pornografía adulta y comics japoneses, pero que no busca ver porno infantil, si bien recibe a veces ese tipo de imágenes inadvertidamente al descargar otras cosas y procura luego eliminarlas de su disco). El agente pidió a Boucher que "utilizara su ordenador" para mostrarle los ficheros que descargaba. El agente afirma que vio en un vídeo lo que parecía ser un(a) preadolescente desnudándose y practicando actos sexuales, entre otras imágenes. Boucher fue detenido y acusado de transportar pornografía infantil entre estados o por comercio exterior, lo que puede acarrear una condena de hasta 20 años de prisión.

Los agentes requisaron el ordenador y un investigador realizó una copia de sus contenidos, pero no pudo acceder a la unidad Z porque estaba cifrada con PGP y requería una contraseña. El gobierno no ha podido examinar la unidad Z durante un año y un experto forense aseguró que al no existir puertas traseras en PGP sólo quedaba probar con diferentes contraseñas. algo que, aún de forma automatizada, podría llevar años.

En entrevista telefónica, Boucher afirma que no tuvo inconveniente en mostrar a los agentes dónde guardaba sus ficheros porque estaba seguro de que no había nada malo en ellos, si bien se sintió coaccionado para hacerlo. Pero al ser preguntado sobre si tecleó alguna contraseña para que los agentes puedieran acceder y ver los ficheros, Boucher respondió que prefiere no contestar. Según Boucher, instaló el software de cifrado para proteger el resto de su ordenador de los virus que pueden acompañar a los ficheros descargados.

Las opiniones de los expertos sobre el caso Boucher varían entre la de Orin S. Kerr, experto en Derecho Informático de la Universidad George Washington y ex-fiscal federal (Boucher renunció a la Quinta Enmienda desde el mismo momento en que accedió a mostrar los ficheros y no puede invocar ese derecho después) y la de Lee Tien, abogado senior del staff de la Electronic Frontier Foundation ("La última línea de defensa estriba en el poder de mantener para uno mismo su propia contraseña").

En un país contradictorio, donde abundan las fugas y robos de datos de colosal envergadura (siempre sin cifrar), pero sin embargo tanto el FBI como el Departamento de Justicia hablan abiertamente del cifrado como un instrumento al servicio de terroristas y delincuentes, el resultado del dilema provocado por el caso Boucher podría ser determinante para el siempre delicado equilibrio entre los derechos civiles de los ciudadanos y la responsabilidad del gobierno para protegerles.