Por Carlos Sánchez Almeida
Con la aprobación del Real Decreto 1889/2011 de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, se cierra un círculo. Algunos pensarán que me refiero al que se abrió con el nombramiento de una profesional del cine para dirigir el Ministerio de Cultura. No es así, voy mucho más allá: me refiero al círculo perverso que se inició bajo el gobierno Aznar y sus primeras normas para ejercer el control administrativo de la internet española: la LOPD y la LSSI.
10 años antes del #15M, la red vivió otro mayo español. Fue una revuelta minúscula en comparación con las que hemos vivido en 2011, pero también era minúscula aquella internet si la comparamos con el gigante actual. El Ministerio de Ciencia y Tecnología que dirigía Anna Birulés, controlado con mano de hierro por dos cerebros clave de la Fundación FAES, Baudilio Tomé y Borja Adsuara, promovió un anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico que sentaba las bases para la intervención administrativa sobre la red. La respuesta de los ciberactivistas agrupados en torno a la revista digital Kriptópolis fue de una extraordinaria agresividad: éramos jóvenes, ingenuos e indocumentados.
Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón. El PSOE en la oposición, por boca de Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó la norma como “Ley de Censura del Ciberespacio”; cuando llegaron al poder, la endurecieron mediante la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), precisamente para favorecer aún más la retirada de contenidos de la red por parte de la autoridad administrativa.
La Ley Sinde-Wert es el último capítulo de una larga serie de agravios: no será el último...