Propiedad - DRM

En la era digital, con múltiples posibilidades de acceder a la información, con opciones legales para que el autor decida cómo gestiona sus derechos de autor y para que descarguemos música en Internet, para que la reutilicemos y compartamos, ¿se justifica que el Estado sólo proteja el derecho tradicional de autor, dejando de lado las opciones que se han desarrollado en su entorno, y reforzando la presión de criminalización sobre cualquier conducta que no se ajuste a sus estrictas normas?

¿A que os suena? Sólo que esta vez, para variar, se refiere a los planes del gobierno de Colombia.

En estos tiempos confusos, en que cada cual barre para su casa tratando de redefinir en su propio interés determinados conceptos, he encontrado la siguiente declaración, que contiene lo que a mi entender representa una excelente definición de lo que debería siempre considerarse delito de piratería:

Gente que roba la propiedad intelectual de otros para su propio beneficio financiero personal, mientras defrauda a unos consumidores que creen estar comprando productos legítimos.

¿Sánchez Almeida? ¿David Bravo? En absoluto; la declaración la firma Alice S. Fisher, ayudante del Fiscal General, a propósito de una reciente sentencia de un juzgado de distrito de Virginia, Estados Unidos de América...

Tras la reciente aprobación en el Congreso de Diputados de la Ley de Propiedad Intelectual, sin tomar en cuenta la enmienda en la que se proponía la eliminación del canon digital, se pone fin a una larga guerra de declaraciones y comentarios en pro y en contra que ha tenido en vilo y dividida a la sociedad española. En este artículo, tras una introducción al tema, se analiza si la medida de implantación del canon puede considerarse ética y si se aplica en este caso el principio de la presunción de inocencia que consagra el artículo 24 de la Constitución Española, con objeto de confirmar o refutar la hipótesis que se plantea en el título del trabajo.

Firma el trabajo Jorge Ramió Aguirre, profesor de Seguridad Informática de la UPM, y puede descargarse completo en formato pdf (100 KB, 5 páginas).

El disparatado mundo de las patentes en Estados Unidos nos proporciona de vez en cuando esperpentos gloriosos, pero ya aviso que éste amenaza con dejar en nada cualquier otro especímen que hasta ahora hayamos tratado por aquí.

Se trata de una empresa, Barracuda Networks, solicitando el apoyo de la comunidad de software libre ante las amenazas legales de Trend Micro. El origen del problema es que Barracuda, líder mundial en aplicaciones de seguridad para correo y Web, incluye el antivirus libre ClamAV en algunos de sus productos, pero resulta que Trend Micro dispone de una patente que cubre la mera utilización de cualquier antivirus en pasarelas SMTP o FTP.

Por ridículo que parezca, empresas como Symantec y McAfee han preferido pagar a pleitear, mientras Barracuda parece haber optado por plantarle cara a Trend Micro...

Antes de quejarse de la situación legal del P2P en España, conviene echar un vistazo a lo que se cuece en nuestro vecino del norte.

Y es que si nadie lo remedia, los proveedores franceses de acceso a Internet estarán obligados desde este verano a vigilar el posible tráfico P2P de sus usuarios, a los que aplicarán un sistema de amonestaciones que conllevará la cancelación de su conexión a la Red tras ser hallados tres veces compartiendo ficheros protegidos por copyright.

Los elevados costes técnicos y administrativos serán obviamente repercutidos a los usuarios franceses de Internet (los que comparten y los que no), pero lo mejor de todo es que se trata de una medida "transicional", destinada sólo a dar tiempo a la industria a idear un nuevo modelo de negocio.

Amour fou.