Algo no funciona en la Ley de Administración Electrónica

Por Fernando Acero

Una persona como yo, comprometida y convencida de la importancia de la tecnología en el desarrollo de las sociedades, no puede dejar de estar preocupada con la actual redacción del Proyecto de Ley de Administración Electrónica.

La actual redacción, contempla el uso de "estándares de uso general, o mundialmente reconocidos", como si esto fuera un gran logro para la ciudadanía, cuando es un grave error, que puede tener graves consecuencias para los administrados... Un "estándar de uso general" puede ser y de hecho, muchos lo son, propiedad de una determinada empresa que obligue a pagar por su uso. Un ejemplo cercano lo tenemos en el MP3 y que actualmente se usa para la grabación del sonido de los juicios. Dicho estándar es propiedad de una empresa (lo que le ha provocado serios problemas a Microsoft), que obliga a pagar a los fabricantes de dispositivos y software, lo que al final repercute en los usuarios de dicha tecnología.

La consecuencia del uso de los "estándares de uso general" es clara, un ciudadano tendría que pagar a una empresa que mantiene los derechos en exclusiva sobre ese estándar, para poder ejercer un derecho legal como ciudadano. Peor todavía, el ciudadano podría no tener alternativas, podría estar obligado a utilizar un programa concreto, de una determinada empresa, para ser un ciudadano con plenos derechos. Esto, al margen de las graves connotaciones jurídicas, íntimamente relacionadas con derechos fundamentales de los ciudadanos, también tiene una vertiente económica y además, un claro riesgo tecnológico, puesto que si se acaba la empresa, o cambia el estándar, también se liminta seriamente o en casos extremos, desaparece el derecho por arte de magia.

Esto no pasaría si en la redacción del Proyecto de Ley apareciera "estándar libre de royalties, regalías o derechos", un matiz nada banal y fundamental para los ciudadanos y sus derechos. Esta redacción, que debería ser la única en la mente de nuestros legisladores, no perjudica a nadie y beneficia a todos, acabando con esa anómala e íncomoda situación, que hemos mencionado en el párrafo anterior. Esta es la única redacción que garantiza sin reservas los derechos de todos los ciudanos, con independencia de la tecnología que usen para relacionarse electrónicamente con su administración.

El caso es que parece que hay claras resistencias en algunos ministerios, a las que algunos ya les han puesto nombre y apellidos y que por motivos que se desconocen, no admiten la redacción de la Ley en términos de "estándares libres de royalties, regalías o derechos", como reclaman muchos sectores de la sociedad española.

Pero algo debe fallar en el esquema mental de los redactores de esta Ley. Yo no se si no lo han preguntado, si lo han preguntado mal, o simplemente, si han hecho oídos sordos de lo que ya es un clamor popular, pero yo he hecho una simple experiencia esta mañana. He preguntado a personas de mi entorno, algunos que no han tenido contacto con la tecnología lo siguente ¿considera adecuado que le puedan obligar a ser cliente de una determinada empresa para poder ejercer sus derechos como ciudadano?. Prueben a hacer lo mismo en su entorno cercano.

Es evidente que la contestación a mi pregunta ha sido de "NO", y con mayúsculas, en un 100% de los casos. Creo que los cuidadanos lo tienen mucho más claro que el legislador.

Que conste que no he querido simplificarla más, puesto que también podría haber preguntado algo más duro y que no distorsiona el efecto que puede tener para los cuidadanos la redacción actual del Proyecto de Ley ¿Considera adecuado que una empresa le cobre una cantidad para poder acceder a los servicios de la Administración? Bien, ¿Qué contestaría usted a esta pregunta tan simple?.

Señores, seamos serios, esto no puede ser y tenemos la obligación de hacer llegar a los responsables de la actual redacción, que no estamos de acuerdo con ella y tenemos poco tiempo, se piensa aprobar la semana que viene con su actual redacción.

Las Leyes no son justas por ser leyes, deben ser justas para poder ser ley y lo que demanda la sociedad es un trato justo y equitativo, al fin y al cabo, es lo que pone en la Constitución Española.

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